CAMBIOS LEGALES EN LA LEY DE OKUPACION
Tras una campaña en los medios de desinformación, mediante la cual los poderes fácticos españoles han manipulado a la opinión pública –engañándola sobre la realidad de la okupación–, ahora se está modificando la “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (LECrim).
En cuanto los cambios entren en vigor –a principios de 2023–, se considerará que okupar es un crimen en “consumación permanente”. De modo que, en cualquier momento, podrán presentarse cargos contra quien lo cometa, ya que se va a considerar que el acto criminal sólo cesará con el desalojo.
A nivel práctico, significa que, dentro de poco tiempo, cuando la policía identifique a alguien como nuevo okupante de una kasa, también preguntará a lxs propietarixs (sean particulares o empresas) si quieren poner una denuncia. En caso de que lo hagan, el juzgado de instrucción pedirá a lxs identificadxs que presenten algún contrato que les permita estar legalmente en la propiedad.
Lo único que se admitirá como justificante de la presencia en ese espacio será un contrato de alquiler, o un título de propiedad, comodato, usufructo… Y, aunque un contrato verbal también lo sea, es difícil que el okupante pueda probarlo en un juicio. Ninguna otra cosa funcionará, ni siquiera mostrar contratos de agua, electricidad o Internet (ya que pueden obtenerse sin ser propietario).
Falsificar un contrato no es recomendable, teniendo en cuenta que está castigado con entre 6 meses y 2 años de prisión (incluso, sólo por utilizar un documento falso, ya pueden imponerse penas de entre 3 y 6 meses de cárcel).
La cuestión es que, si no se aporta documentación convincente, en sólo 48 horas el juez ya podrá ordenar el desalojo, que de ahí en adelante se considerará en fecha abierta (con toda la incertidumbre que conlleva).
Por otra parte, las okupaciones anteriores al cada vez más próximo cambio en la LECrim, todavía serán juzgadas por la ley actualmente vigente (pero sólo si el espacio ya ha sido identificado, y tiene un proceso abierto).
